La libertad de expresión choca con la propuesta de Trump de acceder a las redes sociales de los migrantes

Una vez más, el Gobierno de Donald Trump ha echado mano de la seguridad nacional para impulsar una medida migratoria que, según los críticos, atenta contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. La propuesta permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) acceder a las cuentas de las redes sociales de los solicitantes de asilo, residencia permanente y naturalización. La información obtenida se utilizaría para decidir su permanencia en Estados Unidos.

“Esto es una importante violación de la libertad de expresión, garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y por lo tanto es inconstitucional e ilegal”, dice uno de los comentarios que ha recibido. Hasta el 5 de mayo el público puede dar su opinión sobre la iniciativa, que servirá para que el Ejecutivo decida si entra o no en vigor. Muchas de las opiniones, en buena medida bajo el anonimato, coinciden en denunciar la violación del derecho a la libertad de expresión. Algunas, más duras que otras. “Violación de la libertad de expresión y un intento por parte de un aspirante a dictador autoritario fascista de aplastar la disidencia”, dice uno de los comentarios.

Las autoridades obligarán a los migrantes que soliciten la residencia permanente que declaren sus usuarios en todas las redes sociales que utilizan. Esta obligación ya se imponía a los solicitantes de visas que se encuentran fuera del país, pero no a quienes ya residen en Estados Unidos. La propuesta se enmarca en la orden ejecutiva titulada Protección de Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública, que el magnate firmó nada más tomar posesión el 20 de enero.

Desde USCIS justifican que la orden “exige la recopilación de toda la información necesaria para una rigurosa investigación y selección de todas las causas de inadmisibilidad o bases para la denegación de beneficios migratorios”. Los datos obtenidos servirán “para ayudar a validar la identidad de un solicitante y determinar si la concesión de un beneficio representa una amenaza para la seguridad pública de los Estados Unidos”.

Para Kathleen Joseph-Bush, analista del Instituto de Política Migratoria, “la interacción entre inmigración y la libertad de expresión es muy compleja” por “la discrecionalidad que tienen para denegar solicitudes o revocar beneficios migratorios”. En su opinión, si la propuesta entra en vigor, tendrá efecto en las nuevas solicitudes, ya que hará que “los abogados les digan a sus clientes que sean cuidadosos con lo que publican en línea porque podría terminar siendo examinado por el Gobierno de Estados Unidos”.

El hecho de que los solicitantes de un nuevo estatus migratorio tengan que censurarse lo que dicen por las represalias que puedan derivarse es justamente la base de las críticas. “Esta norma significaría que cualquier solicitante de residencia permanente o de naturalización no podría expresarse libremente en redes sociales por temor a ser deportado, por dar una opinión que no le guste al Gobierno. Ya hay noticias en la prensa sobre ciudadanos extranjeros que han sido rechazados en la frontera por publicar o escribir en redes sociales criticando a la Administración actual. La Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de expresión sin temor a castigos ni represalias, y esto tendría un efecto inhibidor en la capacidad de los inmigrantes para ejercer ese derecho”, sostiene un ciudadano en sus comentarios.

Grupos defensores de los derechos humanos ya denunciaron la orden ejecutiva en la que se apoya la propuesta por considerar que viola derechos constitucionales fundamentales, ya que permite expulsar a extranjeros que expresen “actitudes hostiles” hacia el Gobierno, las instituciones o la cultura estadounidense.

La Administración está llevando a cabo actualmente procesos de deportación contra Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y residente permanente legal en Estados Unidos, por participar en protestas propalestinas el año pasado, aunque no ha sido acusado de ningún delito. También ha querido deportar a Badar Khan Suri, un académico de India que trabaja en la Universidad de Georgetown, por acusaciones de que tiene vínculos con Hamás y ha compartido su propaganda en línea.

En otro caso más, el Gobierno francés declaró la semana pasada que a un científico de esa nacionalidad se le prohibió la entrada a Estados Unidos porque se encontraron mensajes en su teléfono en las que criticaba las políticas de la Administración Trump en materia de investigación académica, aunque el Departamento de Seguridad Nacional lo ha negado.

La recopilación de datos e información que se considera privada es para algunos un motivo de comparar a Estados Unidos con otros países autoritarios. “Refleja las mismas tácticas de vigilancia masiva empleadas en regímenes autoritarios como China y Rusia. Es profundamente preocupante que un país que defiende la democracia y los derechos humanos esté adoptando ahora las mismas estrategias represivas que condena en el extranjero”, se lee en un comentario.

Las propuesta, no obstante, no solo despierta críticas. Quienes la respaldan se apoyan en la seguridad nacional para defenderla. “Una excelente manera de identificar a los inmigrantes antiamericanos antes de otorgarles la ciudadanía estadounidense”, opina Jesse Tucker, identificado como exmarine. “Estoy totalmente a favor. ¡Protejamos a Estados Unidos a toda costa!”, recoge otro comentario.